La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Preeminencia del Derecho, representado por el abogado José Luis Mazón, contra la decisión del Ministerio de Política Territorial de no incoar ningún expediente de “recuperación de bienes públicos” por la utilización del avión Falcon para usos privados o para asistir a actos del PSOE. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia otorga un plazo “improrrogable” de 20 días para que la Administración demandada remita el expediente en cuestión.

En el recurso se reclama que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, devuelva al erario público “los gastos realizados en bienes públicos para fines particulares suyos y de su partido” en relación con el uso del avión oficial para acudir a mítines del Partido Socialista en Sevilla y Gijón y el “viaje particular o de placer a Londres para llevar a sus hijas al colegio inglés o ir de compras”. Zapatero, afirma al respecto, padece la “fiebre de todo nuevo rico”. En ese punto se compara con la actuación de los expresidentes Aznar y González, a quienes “sus partidos les alquilaban aviones en los que iban con sus dispositivos de seguridad” cuando se trasladaban para participar en actos electorales.

COMENTARIO de juan soldado

A más de un “padre de la Patria” le habrán salido los colores al rostro si han leído o escuchado la decisión de la Audiencia Nacional. Ka misma viene a dar la razón al comentario que ya se hizo en su momento de que resultaba “inadmisible e intolerable” el uso del Falcon por parte del Presidente del Gobierno para fines de partido. Y no sólo del avión, sino de cualquier bien público. En otro momento se recordaba el caso de Alfonso Guerra, que empleó uno para saltarse la cola de vehículos que había en la frontera y poder llegar a tiempo a una corrida de toros. En aquella circunstancia estará todavía en las hemerotecas el comentario de Felipe González de que “eso pasa por no usarlo más a menudo”, o cosa parecida.

También, y como cabe todo en la viña del Señor (con perdón), se recuerda al recurso de un coche oficial –para comprar medicinas, creo- del entonces presidente del Congreso Sr Trillo, o de la delegada del gobierno en Extremadura enviando a la Guardia Civil por sus llaves.

Hay algunos, elevados a una altura política -excesivamente altas al parecer para su comportamiento- que piensan que están por encima del bien y del mal. El militar, cualquiera sea su ejército o empleo, que se le ocurre usar un helicóptero, por ejemplo, para sus necesidades personales, es rápida y rigurosamente corregido conforme al Código de Justicia Militar, en tanto que parece que el político que ocupe un cargo público tiene bula para lo mismo.

Es realmente incomprensible e inconcebible que alguien pueda creer que los cargos públicos no están para dar ejemplo a los demás, entre otras cosas porque –no me cansaré de repetirlo- no son más que empleados de quienes les eligen y pagan de manera espléndida (incluido un retiro sustancial y sustancioso que deja al hombre de la calle desconcertado y confuso y que, en un número excesivo de ocasiones, no tiene nada que desmerecer a ese PER con el que se está obteniendo una fábrica de parados en Andalucía y Extremadura).

Cuando se escucha lo de los códigos de buenas prácticas y demás faramalla destinada a gestos de demagogia de cara al contribuyente no hay más remedio que echarse a reír. ¿El 3% que decía Pascual Maragall, el caso Palau, los tránsfugas de Benidorm, cuántos más?. Esto es absolutamente inaceptable en un estado de derecho que sea medianamente serio. No estamos en ninguna república bananera ni del tercer mundo.

Que tenga que ser la Audiencia Nacional la que venga a poner coto y orden en este asunto es algo que debería servir inmediatamente para dimisiones y ceses en catarata. Es, no sólo el PSOE, sino la “casta” política en general la que está no ya bajo sospecha, sino bajo la certidumbre de la comisión de esta clase de abuso. Procede una investigación a fondo –incluida auditoría- de los posibles casos existentes en cada partido, como procede al igual, irremisiblemente, el “apremio personal” de los infractores (¿delincuentes?) si es que no resarcen al erario público el importe de lo consumido indebidamente.

El espectáculo bochornoso del cruce de acusaciones en el Parlamento sobre este asunto no debe quedar sólo en uno del tipo “y tú también” o “más eres tú”. No sólo se debe llegar a la prohibición del uso de bienes públicos sino que el mero hecho de ponerlo en duda o solicitar una reglamentación, cuando los funcionarios lo tienen perfectamente establecido, es una ofensa gratuita a todos los españoles. No es menester descender a tanto y los usuarios “gratis total” lo saben perfectamente o no deben de ocupar cargos públicos.

Ahora sólo falta que, como los magistrados de los Altos Tribunales son “presentados” por los partidos políticos, el celtíbero de base piense que van a empezar a actuar los “presentadores” y el caso vaya a quedar en agua de “borrajas”. Entonces: ¡pobre Justicia!, ¡pobre Parlamento! y ¡pobre España!.