La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) anunció ayer una concentración prevista para el 16 de octubre en Madrid contra el “caos” que ha provocado la Ley de Carrera Militar y la nueva Ley de Derechos y Deberes. Se trata de la cuarta manifestación militar en los últimos tres años contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo objeto es reclamar una solución ante el “caos” que han generado dichas normativas.

El Presidente de la asociación, Jorge Bravo, y el secretario de la misma, Mariano Casado, aseguraron que el Ministerio de Defensa entiende la modernización de las Fuerzas Armadas como “una forma de transformar a los militares en esbirros que no piensan y no pueden hablar”, y denunciaron que la Ley de Derechos y Deberes los convierte en “sordomudos”.

Los representantes de la AUME calificaron el sistema actual como “un auténtico desastre”, aunque no precisaron si los participantes de la próxima manifestación acudirán vestidos de uniforme.

NOTA DE AME

En la primera reunión que, a solicitud del Departamento, se celebró en el Gabinete del mismo, se dio un “Resumen” (ya conocido) del anteproyecto de la Ley de Derechos y Deberes. Posteriormente, y a pesar de la “promesa” del Director del Gabinete de que habría más reuniones, sólo se ha producido otra, por separado y más breve. Poca palabra tiene ese ministerio.

No se ha tenido en cuenta, pues, en absoluto la opinión de las asociaciones porque no ha habido diálogo. El Consejo de Estado tampoco ha llamado, ni recibido, en audiencia a AME como parte interesada en el dictamen evacuado por él. Contrasta su rapidez, no obstante tratarse de una cuestión de ámbito nacional, con los cuatro años dedicados Estatuto de Cataluña, una región al cabo.

De las notas tomadas por su presidente, la opinión de esta Asociación fue:

- Asociaciones libres, independientes y fuera del cuartel, conforme a lo establecido en la Constitución Española (sin Observatorio de la vida militar, germen natural de un posible comisariado político en las Unidades).

Todos se mostraron en contra del registro especial en el Ministerio de Defensa, de que sólo sean de militares en activo, sólo socios de una asociación y el papel nulo de los militares en Reserva y retirados socios de las mismas.

Por otro lado, son públicas y usuales las relaciones de la Asociación Unificada de Militares con los sindicatos de trabajadores, así como expresado públicamente su deseo  el presidente de la misma, Brigada Bravo, de que las asociaciones de militares se conviertan en sindicatos de clase.

AME ha remitido a los altos mandos militares y grupos parlamentarios su proyecto de Ley de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Del mismo modo, está redactando una Ley de Personal Militar que será igualmente enviada a las mismas autoridades.

AME es partidaria de hacer en todo momento un uso pleno y riguroso de las herramientas que la legislación pone en su mano para resolver cualquier tipo de conflicto con los poderes públicos y, al mismo tiempo, muestra su preocupación por, y  rechaza absolutamente, el recurso a actitudes y acciones que, no obstante legales y permitidas por el régimen disciplinario militar, puedan derivar en un improcedente motivo de alarma para la sociedad española y vayan en contra de la discreción y seriedad que deben de acompañar en todo momento a las apariciones públicas de los militares.

Entre esas herramientas se incluyen, como es natural y se está llevando a cabo, las llamadas de atención a los grupos parlamentarios mayoritarios acerca de las lamentables y nefastas consecuencias de la Ley de Carrera Militar –ahí están los 1.700 recursos presentados por el curso de adaptación y la integración de escalas- así como las futuras e igualmente negativas consecuencias de la “Ley de Derechos y Deberes” –ya se están viendo los resultados de la promulgada para la Guardia Civil- que supone unos inadmisibles desprecio a, y modificación ilegal de, la Constitución. A tal efecto se ha ofrecido, y sigue ofreciéndose, a ambos para colaborar en lo preciso.

Teniendo en cuenta que la exigencia del “amplio consenso parlamentario”, AME solicita a la oposición parlamentaria su voto en contra -no su abstención-, de tal modo que entre todas las partes interesadas y afectadas se proceda a la redacción y promulgación de una Ley de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas que contemple tanto los puntos de vista de los militares como deje a salvo plenamente la Defensa de España.

No cabe duda que será mejor cuanto mejor se conjuguen las necesidades de los profesionales de la milicia con el buen funcionamiento de las Unidades, libres por completo de la perjudicial influencia que suponen la interferencia de conflictos y cuestiones que han de ser resueltos fuera por completo de los cuarteles.