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9/24/2012
SEPARATISMO CATALÁN

 

 

NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES

 

  La actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña y de los miembros separatistas de su Parlamento es improcedente e inadmisible y no se compadece de ninguna de las maneras con el deber y la responsabilidad que, como representantes del Estado, están obligados a observar y ejercer, siendo la principal la de guardar y hacer guardar la Constitución Española, vigente por la firme e inmovible voluntad del honrado, sorprendido y desconcertado pueblo español.

 

Los acontecimientos actuales que se desarrollan en aquella región son el resultado de una pavorosa crisis económica y otra manifiestamente desastrosa gestión política por parte de las formaciones que, siendo aquellas que gozan de forma ininterrumpida de la mayoría, incurren en un delito de alta traición al mantener de forma voluntaria un sistema de representación electoral que –contrario al del Parlamento de la Unión Europea que busca la unión- fomenta la aparición y el asentamiento de los nacionalismos separatistas al ceder ante su chantaje de votos para mantenerse en el poder.

 

Como tal conflicto político de intereses, tanto españoles como de otros poderes fácticos, han de ser la más alta Magistratura y los Gobiernos que se benefician de esta situación los que, por mandato y aplicación de las facultades legales que la Constitución les concede de modo irrenunciable, tomen inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión sin que, desgraciado hábito en nuestra Historia, las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía,  independencia e integridad territorial de nuestra Patria, sin devolución de la gobernación a quienes ponen sus intereses de partido por encima de la Nación.

 

Si así tuvieran lamentablemente que actuar, no deberá existir la menor duda de que cuantos han permitido, participado o colaborado en llegar a esta, última pero reiterada en el tiempo, amenaza de fractura de España, por comisión, omisión o provecho de sus cargos constitucionales, habrán de responder con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense.

 

 

 

   

 


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